TESTIMONIO PERSONAL

Jorge (no es su verdadero nombre) aprobó las oposiciones de profesor de secundaria de la Junta de Castilla y León hace dos años. Prefiere no revelar su identidad. Afirma que no tiene miedo pero que todavía hoy no logra identificarse con lo sucedido.

Asegura que aunque lleva poco tiempo desempeñando su profesión, ésta le ha reportado tanto las mejores como las peores experiencias de su vida: “lo mejor, sin duda, la sensación de creer que puedes educar, transmitir una serie de conocimientos y que eso tiene sus frutos”. Sin embargo, como toda profesión, tiene su cara negativa y en este caso fue más allá de meros “gajes del oficio”.
Todo sucedió durante el curso 2009. Jorge acababa de aprobar su oposición de secundaria en la Comunidad de Castilla y León. Con muchísimas ganas e ilusión comenzó a dar clases como profesor de matemáticas en prácticas, en un centro de Educación Secundaria de una pequeña localidad segoviana.

A los pocos días de comenzar a impartir sus clases ya se había ganado el afecto de sus alumnos y del profesorado, sin embargo, como en casi todos los centros, tenía algunos alumnos conflictivos, pero de ellos destacaba uno. Era un chaval español de quince años, estaba en segundo de la ESO y había repetido curso. De familia aparentemente normal. Lo que le llamó la atención era que a pesar de su mal comportamiento y su faltas continuadas de respeto hacia los profesores y el resto de sus compañeros, era muy inteligente. Por eso decidió ayudarle. Se volcó con él: le mandaba refuerzos especiales, intentaba escucharle, pero el chico no correspondía estas ayudas. Lejos de agradecerle sus esfuerzos, comenzó a portarse aún peor, llegando incluso a amenazar a otro profesor con dañar su vehículo. Estos actos no los realizaba solo, tenía un grupo de amigos, de los cuales él era el líder, el que controlaba la situación. Estaba apoyado en especial por otra chica de su misma edad que era muy parecida a él.

Tanto Jorge como el resto de los profesores, le pusieron una gran cantidad de partes, y fue expulsado durante 80 días lectivos. Ante estos castigos tanto él como sus padres reaccionaban con una actitud muy negativa y amenazaban con denunciarles, pero ellos no entraban a su juego.
Un miércoles de marzo, Jorge llegó al centro como todos los días. Estaba impartiendo su clase, cuando entró el Director, quien le comunicó que había sido denunciado ante la guardia civil, por los padres del niño.
El profesor no comprendía nada. No lograba entender los motivos de esa denuncia y por qué precisamente a él que había hecho todo lo posible por reconducir a su hijo. Además, no sabía que hacer, puesto que lo último que quería era que el chico pensara que se había salido con la suya y que podría impedirle desempeñar su trabajo.

La madre del menor, a cuyo nombre constaba la denuncia, alegaba en la misma que “el profesor trataba mal a su hijo, le había amenazado con suspenderle y le expulsaba sin ningún motivo”.
Durante los días siguientes el profesor lo pasó bastante mal, estaba muy afectado y eso le pasó factura, tanto a nivel profesional como familiar. Pero reaccionó en seguida, no podía dejar que una situación que el no había creado, le sobrepasara. Por ello contrató a una abogada, la cual intentó por todos los medios forzar un acto de conciliación, para que no fuera necesario ir a juicio. Sin embargo los padres del menor se negaron a aceptar tal conciliación. La denuncia se tramitó, en lugar de “ser sobreseída”. Desde el centro escribieron una carta para que la denuncia no llegar a juicio, pero aún así, en junio tuvo lugar el litigio.

“En todo momento me sentí apoyado por mis compañeros, especialmente por el director del centro, afirma Jorge. “Al principio me daba miedo y rabia haber llegado a esos extremos, pero a medida que a medida que transcurría el juicio y las respuestas eran estúpidas por su parte, me tranquilicé”, reconoce.
En el juicio, que fue por faltas, participaron varios testigos. Por la parte denunciante, se llamó a testificar a un compañero del menor, que ni siquiera llevó el DNI. Los menores no contestaban a la jueza, la faltaban al respeto o se contradecían entre sí (la testigo llegó a preguntar al denunciante sobre qué contestar a la jueza, ¡en medio del interrogatorio!). Ante estas actitudes, el profesor se tranquilizó. La jueza pedía datos concretos y el niño ni siquiera contestaba a algunas preguntas. Por la parte de Jorge, declararon a su favor un profesor, y también el director del Centro.

Finalmente en la Sentencia se le declaró no culpable por falta de pruebas de las alegaciones de la parte denunciante. El profesor, a pesar de estar contento con la sentencia, no quedó completamente satisfecho, ya que el chico ni su familia recibieron ningún tipo de castigo, ni siquiera pagaron las costas del juicio.

Al año siguiente, solicitó el traslado de Instituto, y en la actualidad además de dar clase en un centro de secundaria, también es profesor de Universidad.


Este es tan solo un ejemplo de los cientos de casos de acoso al profesorado que tienen lugar en nuestro país. Nos gustaría a continuación, completar el testimonio con unas declaraciones de este mismo profesor, en las que expresa su opinión acerca de este tipo de situaciones y ofrece algunas medidas que a su parecer sería oportuno adoptar para acabar de una vez por todas con este problema.

“Lo que más rabia te da es que los “pobrecitos menores” pueden hacer lo que quieran: insultarte, faltarte al respeto e incluso pegarte, que prácticamente están exentos de toda responsabilidad y culpa. Y, además, ellos lo saben y juegan con ello, porque te lo dicen a la cara: “lo único que puedes hacerme es ponerme un parte o un expediente y eso me da igual a mi y a mis padres”.
Este tipo de gente (hay más de los que no imaginamos así) no se merecen tener las oportunidades de todos, ni estar malgastando tiempo, energías, dinero ni gente con ellos. Se debería poder actuar de maneras más “políticamente incorrectas” con ellos.
 Expulsiones de los institutos inmediatas a la acción (a día de hoy según la ley hay que esperar veinte días a hacer el expediente, y otros diez o así para expulsarle. Cuando llega la expulsión ya te puede haber destrozado).
 Que las acciones dignas de sanción reviertan no sólo en el expediente escolar. Con trece, catorce o quince años, se cometen actos que pueden ser tratados como “delictivos”.
 Que la reincidencia sea castigada más vehementemente. En un instituto de unos mil alumnos, con cien profesores, se dedican esfuerzos humanos y económicos impensables para diez o veinte chicos: los peores en comportamiento. No se lo merecen. Es más, los que se lo merecen son los que se esfuerzan, y a esos no se les dedica. Ojalá llegue el día en que los padres de todos los que se lo merecen (que son la mayoría) se “levanten” y exijan que los recursos se dediquen a quien lo merecen”.

Jorge afirma que “bastan dos semanas en un instituto para darse cuenta de todo esto. Sólo dos semanas. Y parece que quien hace las leyes o quien es responsable político no se ha pasado ni un solo día por un instituto”.